La Fiscalía de Cádiz solicita un año de prisión para el director, el gerente y los dos veterinarios de la perrera de Puerto Real (Cádiz) donde a los animales se les daba muerte de forma consciente. También pide la inhabilitación especial por tiempo de tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales.

El fiscal responsabiliza al director y gerente de la perrera del suministro a los animales de Mioflex, medicación con la que "el animal muere literalmente ahogado y consciente de ello".

En su escrito, recoge que "la práctica de tales sacrificios de manera cruel y dolorosa fue ordenada por los acusados en el uso de sus facultades de dirección y gestión con el objeto de abaratar costes, puesto que el precio de los medicamentos que son los que se utilizan en una eutanasia ética y reglada es considerablemente más elevado".

Un ahorro económico a cambio de la "agonía" de los animales. Ambos acusados eran conocedores, según la Fiscalia, de que "tales prácticas eran realizadas por los veterinarios del centro", con la intención de obtener "un mayor beneficio, denotando con ello una nula sensibilidad hacia el reino animal".

La protectora El Refugio se ha presentado como acusación particular y solicita para los imputados 18 meses de prisión. La organización considera probado, al igual que la Fiscalía, que, junto con los sacrificios, "los animales que se recogían procedentes de atropellos y accidentes eran dejados sin asistencia veterinaria desde el viernes por la tarde hasta el lunes, ya que no contaban con servicio de guardia de fin de semana, por lo que muchos de ellos morían, en ocasiones desangrados tras lenta agonía, o quedaban incapacitados gravemente".

Nacho Paunero, presidente de El Refugio, ha valorado muy positivamente la decisión de la Fiscalía gaditana, ya que supone "un paso adelante en la protección animal" y que se celebre en Cádiz "el primer juicio en España por maltrato animal contra los responsables de una perrera".